Algo más que un efecto colateral

Morir por causa del pandémico coronavirus podría catalogarse de hecho fortuito, pero morir por el hecho de ser mujer, lejos de ser un azaroso destino, es la consecuencia de la desigualdad de género que actúa desde las bases fundacionales de las relaciones humanas, y cuyo desenlace más trágico lo protagonizan los femicidios. 

En los últimos días, hemos sido testigos de una escalada de violencia a nivel social que, por momentos, corrió a la emergencia sanitaria del foco de la noticia. Sin embargo, la punta del iceberg de la violencia basada en género (VBG) se vislumbra entre los sombríos mares por los que navegamos en medio de esta pandemia, y las muertes de uruguayas por violencia doméstica dan muestra de ello. En efecto, desde que fue declarada la emergencia sanitaria, con sus exhortaciones al confinamiento, las denuncias formalizadas por violencia de género han disminuido, a diferencia del aumento que se viene registrando en las consultas telefónicas a la red de especialistas que el gobierno puso a disposición para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica. Sabemos que este tipo de violencia no es el único del que son víctimas muchas uruguayas, sino que simplemente es otra de las caras de la violencia hacia las mujeres. 

Esta VBG, acompaña a muchas mujeres desde el momento mismo en que llegan al mundo. La mayoría de ellas, trazan trayectorias de vida que llevan el sello de esas situaciones de violencia a las que fueron expuestas. La ley N.º 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género, define a este tipo de violencia como: 

“(…) una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres”. 


De acuerdo al Observatorio de Violencia de Género en Uruguay, una de cada tres mujeres es abusada sexual o físicamente en su vida, siete de cada 10 sufre algún tipo de violencia basada en género, el 19,5% de las mujeres declara haber sido víctima de VBG en el ámbito intrafamiliar durante los últimos doce meses, previos a la realización de la última encuesta (noviembre de 2019). 

Marcha por el 8M, 2020.

Conviviendo con el enemigo

La situación de aislamiento en la que nos ubica la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, expone a las mujeres víctimas de violencia a padecer una convivencia extendida con su victimario, justificada por un supuesto resguardo sanitario. De este modo, el contacto con el agresor se vuelve una bomba de tiempo que las tiene en vilo, no sólo a ellas, sino también a sus hijos. Las cuatro paredes de la casa se convierten así en el calabozo más sordo y oscuro que hayan conocido. En estos meses de aislamiento, ni  siquiera la intervención de las redes de contención social, como los centros educativos, están a disposición para escucharlas. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres- MIDES), Mónica Bottero, al referirse a las medidas adoptadas desde el Estado para prevenir el incremento de los casos de violencia de género e intrafamiliar, señaló:

“Hay miles de uruguayos que corren riesgo de vida por las medidas de aislamiento. Para muchas mujeres y niños, el hogar es el lugar donde están más expuestos”. 

Nuevas medidas, misma normalidad

Con respecto a las acciones tomadas por el gobierno frente a esta intensificación de violencia hacia las mujeres, se están desarrollando acciones que abarcan desde una campaña de sensibilización, protocolos para el personal de la salud, compra de tobilleras electrónicas, hasta un aumento de la coordinación con el Poder Judicial; además de reforzar la atención telefónica de las líneas gratuitas de denuncia de violencia basada en género 0800 4141 y *4141. 

Si bien podemos ver que existe un sistema de contención institucional, que se intensificó durante esta situación de emergencia, no parecen ser suficientes las medidas adoptadas, ya que los intentos de femicidio, así como los femicidios concretados, no logran erradicarse. De esta forma quedó tristemente evidenciado, el pasado fin de semana, cuando todo el Uruguay se horrorizó ante la noticia de la muerte de una madre octogenaria en manos de su hijo, la de dos hijos menores en manos de su padre y un nuevo caso de femicidio.

La anteriormente citada ley N°19.580, promulgada en nuestro país en diciembre de 2017, define en su sexto artículo al femicidio como “la acción de extrema violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”. Y es que a la emergencia de tipo sanitaria debemos sumarle otra emergencia: la que tiene a tantas mujeres como víctimas de una violencia machista que las llevará a la muerte. Pero esto no es de ahora, no podemos achacarle esta triste realidad únicamente a la actual situación de confinamiento. Una investigación realizada en el marco de un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior durante 2109, denominada Femicidios en Uruguay. Categorización y homogeneización, confirmó que el 70% de las mujeres asesinadas convivían o habían convivido con su femicida; de hecho, en el 69% de los casos analizados el femicidio ocurrió en el lugar donde la víctima vivía o compartía con el femicida.

Son innegables las nefastas consecuencias que esta pandemia está teniendo en nuestro país y en el mundo: la evidencia de la existencia de desigualdades sociales de todo tipo; la protección de las economías que, en varios países, son más valoradas que las vidas de sus ciudadanos, con millones de personas que al no tener acceso al sistema de salud, no entran en la categoría de “salvables”; otros tantos  millones afectados por el desempleo y la falta de apoyo social, están luchando por sobrevivir a la amenaza del hambre. 

Estamos ante una realidad nunca antes experimentada por muchos de nosotros, los pasos que el gobierno va tomando son cortos y con contramarchas, aún no es posible pintar un futuro panorama, hay más dudas que certezas  e inmersos en nuestro contexto nacional, invadidos por una profunda preocupación, cabe preguntarse : ¿qué lugar en la lista de prioridades ocupará el problema  de la violencia basada en género? 

Y es que esta coyuntura inesperada, a la que el mundo entero se enfrenta, pone en evidencia desigualdades que existen desde siempre, pero que evidentemente se hicieron más notorias en la actualidad, no sólo en Uruguay, sino a nivel de la región. Para poner en contexto, según cifras recopiladas por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), hacia 2018 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3.800. La OIG destaca la necesidad de conocer y abordar la situación de las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, adolescentes y jóvenes, entre otras, y el conjunto de barreras que deben sortear para lograr la autonomía.

 La tarea no es sencilla, la violencia de género es un problema social crónico, construido y sostenido por los hilos de los llamados nudos estructurales. No basta con reconocerlos, sino que tenemos que intensificar los esfuerzos por desatar estos lazos que no hacen otra cosa más que propiciar la desigualdad de género en la región: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. 

¿Qué podemos hacer desde nuestras trincheras para ayudar a vencer estas desigualdades? 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” 

Marcha por el 8M, 2020.

Así reza la frase del siempre vigente Eduardo Galeano, quien nos enseñó esta, y otras tantas formas de creer en nuestras utopías. Aunque parezca diminuto, mi aporte a la causa, sumado a tu aporte y al de tantos otros que sueñan con un mundo más justo, se convierten en una fuerza transformadora de valor inconmensurable. Tenemos la responsabilidad ciudadana de denunciar cualquier tipo de situación de violencia de la que tengamos sospecha o evidencia, pero más allá de actuar sobre el hecho consumado, tenemos que contribuir al desarrollo de una sociedad más justa para las mujeres. Para ello, la educación y el cambio cultural son herramientas fundamentales. En menor o mayor grado, todas las mujeres hemos vivido alguna situación de violencia, sólo por el hecho de ser mujeres. Cientos han sido calladas, pero las que tenemos vida, tenemos la responsabilidad de frenar esta violencia basada en género. Somo hijas, madres, hermanas, esposas, amigas, profesionales, y en cada uno de nuestros vínculos debemos cuidarnos de no reproducir esa cultura machista que atropella nuestros derechos y libertades. Cultura que así como llevó siglos construir, llevará tiempo deconstruir. Será una tarea intensa, con muchas mártires dejando su último aliento en el intento de pelear por su libertad. Por las que ya no están, por las que estamos y las que estarán, hombres y mujeres, tenemos que erradicar todo tipo de violencia, sin dudas, pero tomar especial conciencia de que no podemos seguir naturalizando actos de discriminación y desigualdad hacia las mujeres que, llevados a su extremo, provocan esta triste consecuencia de que nos estén matando. 

Publicado por Gabriela Vecchio

Soy Gabriela Vecchio: compañera de vida, hija, hermana, tía, amiga. Estudié magisterio y ciencias de la comunicacion, me gradué en ambas disciplinas y en este momento de mi vida la escritura emergió como muestra de mi más auténtica versión. La labor docente me ha permitido desarrollar 20 años de experiencia en el ámbito de la educación de niños y niñas, logrando reconocer sus dificultades y potenciar sus fortalezas. Comparto con ustedes este espacio de reflexión e intercambio y, al mismo tiempo, desarrollo mi pasión por escribir y comunicar.

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